El servicio público como derecho social
Juan M. González Moras
La situación de pandemia obligó en muchos aspectos a considerar qué servicios son esenciales. El derecho a los servicios de comunicación hoy es prioridad en términos laborales, educacionales, y de comunicación específicamente social. Y hoy es Estado se promulgó en garante de ese derecho.
Este libro propone analizar esta problemática y plantea, entre otros, que el desafío consiste en superar la concepción binaria tradicional del servicio público, inclinada, según los momentos históricos, a favor del Estado como "titular" del servicio o de los concesionarios como sus prestadores "naturales". Estado contra mercado. Subordinando esas discusiones, el germen de un nuevo servicio público está en las consecuencias de la constitucionalización de los derechos de los usuarios.
El régimen actual del servicio público pone en el centro al usuario, a partir de un claro mandato constitucional: la necesidad de su tutela como uno de los medios para garantizar su dignidad como persona humana a través del acceso al consumo de bienes y servicios básicos.
La constitucionalización de estos derechos y garantías tiene dos consecuencias fundamentales. La primera, la "nacionalización" del régimen del servicio público a partir de esos derechos y garantías. Y, luego, una creciente "descontractualización" del régimen prestacional. El Estado renueva así su condición de titular pero no puede actuar como un mediador entre los actores del servicio público (prestadores, usuarios, autoridades de control). Debe proteger a los usuarios en su condición de parte débil de la relación jurídica implicada en todo servicio público.
